Preocupación en Añatuya por la paralización de la obra cloacal: la Defensoría del Pueblo intervino y pidió informes

El organismo provincial advirtió sobre el impacto sanitario, ambiental y laboral que genera la suspensión de los trabajos. Más de 100 puestos laborales estarían en riesgo.

[2026-05-14]

La Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero, encabezada por el Dr. Daniel Escobar Correa, tomó intervención ante la paralización de la obra de la Planta de Tratamiento y Red Cloacal de Añatuya, considerada una infraestructura clave para el saneamiento ambiental y la salud pública de la ciudad.

Desde el organismo adelantaron que solicitarán informes a las áreas responsables del Gobierno Nacional y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el objetivo de conocer detalles sobre el financiamiento y el cumplimiento de los pagos correspondientes a la obra.

Según indicaron, la situación reviste ?extrema gravedad institucional, sanitaria y social?, debido a que los trabajos se encuentran suspendidos por la falta de pago regular de los certificados de avance, en el marco del crédito otorgado por el BID al Estado nacional.

La obra comenzó en junio de 2022 y contempla la construcción de 147 kilómetros de red cloacal, colectoras, troncales, derivadoras, estaciones de bombeo y una planta de tratamiento. Hasta el momento, se habría ejecutado cerca del 40% del proyecto.

De acuerdo con la información recibida por la Defensoría, la Unión Transitoria de Empresas (UTE) Esuco-Supercemento habría paralizado las tareas debido a una deuda cercana a los mil millones de pesos y a demoras reiteradas en los pagos.

Además, señalaron que existirían certificados pendientes desde diciembre de 2025 hasta abril de 2026. El último pago realizado correspondería a noviembre de 2025 y habría sido abonado recién en marzo de este año.

Desde la Defensoría alertaron también por el impacto laboral de la situación. Indicaron que el pasado 12 de mayo ya fueron suspendidos 15 trabajadores de la UOCRA y advirtieron que, de mantenerse el escenario actual, podrían perderse más de 100 puestos laborales hacia mediados de junio.

?Lo que está en juego es la salud pública, el ambiente, la dignidad de una ciudad entera y el sustento de más de cien familias trabajadoras?, expresaron desde el organismo.

En ese sentido, remarcaron que Añatuya enfrenta desde hace años serios problemas ambientales vinculados a la altura de la napa freática, que en algunos sectores se encuentra a menos de un metro de profundidad, situación que favorece la contaminación y dificulta el funcionamiento de pozos absorbentes.

Por ello, sostuvieron que la obra cloacal representa una necesidad sanitaria urgente y no una mejora secundaria. ?Su paralización implica dejar expuestos a miles de vecinos a condiciones ambientales deficientes y postergar una solución estructural largamente esperada?, afirmaron.

La Defensoría también cuestionó la falta de previsibilidad y cumplimiento por parte de los organismos nacionales encargados de garantizar la continuidad financiera de la obra, cuyo plazo original venció el 5 de diciembre de 2025 y aún tiene pendiente alrededor del 60% de ejecución.

Finalmente, el organismo provincial confirmó que avanzará con pedidos formales de informes ante organismos nacionales, áreas ejecutoras y el BID, para determinar si los fondos fueron girados, cuál fue su destino y cuáles son las causas concretas que llevaron a la paralización.

?Añatuya no puede quedar rehén de la indiferencia, de la mora administrativa ni de la falta de cumplimiento financiero. La salud pública y el trabajo no pueden esperar?, concluyeron desde la Defensoría del Pueblo.