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Pedirán que se impute asociación ilícita contra escribano y gestores cordobeses

diciembre 20, 2011

Es una investigación por una permuta de un edificio de departamentos en Camboriú y un campo en Santiago del Estero, que resultó inexistente. Ahora encontraron otra causa similar con los mismos imputados y creen que habría dos casos más.

La investigación de una presunta estafa millonaria e internacional que tiene imputados a un escribano santiagueño y a cuatro gestores cordobeses podría convertirse en una causa por asociación ilícita, después que se descubriera otra denuncia similar contra los mismos sospechosos.
La jueza de Crimen de Quinta Nominación, Rosa Falco de Raineri, instruye un expediente iniciado por una pareja de cordobeses que hizo una permuta de un edificio de departamentos en Camboriú, Brasil, a cambio de un campo de miles de hectáreas en Santiago del Estero, pero que habrían sido engañados porque esa propiedad no existe. El perjuicio económico sería de tres millones de pesos, según los denunciantes. Los imputados son el escribano Edmundo Gómez y los gestores cordobeses Ciro y Levi de María, Roque Allende y Juan Rossi.
La magistrada recordó que en su propio juzgado había otra causa contra los mismos imputados y ordenó una búsqueda que arrojó resultados positivos, según fuentes allegadas al caso. Se trata de una denuncia penal interpuesta por Elba Staylor Aragon contra el escribano Gómez y los cordobeses, también por una supuesta maniobra con tierras.
Pero, además, se presume que habría al menos dos causas más con los mismos personajes involucrados en ilícitos con el mismo modus operandi. Por eso el querellante Daniel Guzman, que representa al matrimonio cordobés damnificado, insistiría en pedir a la magistrada que acumule todos esos expedientes dispersos y los califique como asociación ilícita por opinar que se trataría de una organización que cometió diversos y reiterados delitos en la provincia.
Por otro lado, trascendió que efectivos de Gendarmería Nacional se presentaron en el juzgado convocados por la magistrada para practiquen una pericia sobre firmas sospechadas de falsas y que habrían sido utilizadas en operaciones fraudulentas y ahora se requerirá autorización al ministerio del Interior para que se realicen los estudios.